El 12 de marzo de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe demoledor que denuncia la persistencia de la represión estatal en Venezuela, incluso tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Liderada por expertos como María Eloísa Quintero, la misión afirma que la “maquinaria represiva” permanece intacta bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, con detenciones arbitrarias, torturas y presos políticos como sello distintivo. Este documento, basado en testimonios de víctimas, documentos oficiales y análisis forenses, llega en un momento de aparente apertura económica impulsada por reformas petroleras y reconocimiento estadounidense.
El informe subraya que la transición política no ha traducido en avances humanitarios reales. Mientras el interinato celebra ingresos petroleros récord y propuestas salariales de la CTV, la ONU advierte que sin desmantelar estructuras represivas heredadas del chavismo, Venezuela no avanzará hacia elecciones creíbles en 2027. La misión critica la operación militar de EE.UU. que capturó a Maduro por violar el derecho internacional, pero enfatiza que esto no exime al nuevo régimen de responsabilidades.
Contexto de la misión ONU
Creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos, la Misión ha documentado sistemáticamente crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2014. Sus informes previos atribuyeron a Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Renovada en 2025 pese a vetos venezolanos, la misión opera desde Ginebra con acceso remoto a testigos exiliados y filtraciones internas.
En marzo de 2026, el foco recae en el periodo post-captura: septiembre 2025 a febrero 2026. Expertos visitaron fronteras colombianas y brasileñas, entrevistando a 300 víctimas. El informe coincide con tensiones regionales, como la gira de María Corina Machado en Chile y marchas salariales de la CTV, pintando un panorama de país en ebullición social contenida por fuerza bruta.
Hallazgos principales
La misión concluye que la represión no cesó con Maduro. Entre septiembre y diciembre de 2025, registró 135 detenciones arbitrarias ligadas a protestas post-electorales de 2024. Bajo Rodríguez, el patrón persiste: fuerzas de seguridad como la DGCIM y SEBIN usan “casas seguras” –pisos clandestinos– para interrogatorios extrajudiciales. El informe documenta 50 casos de desapariciones forzadas desde enero, con reapariciones tras confesiones coaccionadas.
La “extensa maquinaria legal e institucional” permanece: fiscales cómplices validan autos de flagrancia falsos, mientras jueces afines al PSUV dictan privativas de libertad sin debido proceso. La misión califica esto como “continuidad criminal”, rechazando narrativas de “ruptura total” promovidas por el interinato.
Presos políticos y detenciones arbitrarias
El núcleo del informe son los presos políticos: estimados en 400 activos, pese a liberaciones selectivas. Líderes sindicales de la CTV como Tito Blanco denuncian capturas por “incitación al odio” durante marchas del 12 de marzo. Casos emblemáticos incluyen a activistas de Voluntad Popular retenidos en El Helicoide, donde hacinamiento llega al 300% de capacidad.
Detenciones siguen perfiles: opositores, periodistas y migrantes retornados sospechosos de “financiamiento externo”. La misión cita testimonios de traslados nocturnos en “gavetas móviles” –camionetas sin ventanillas– hacia prisiones como Tocorón, ahora bajo control militarizado. Familias esperan semanas sin noticias, violando estándares de la Convención contra Desapariciones Forzadas.
Patrones de tortura y violencia
Torturas son sistemáticas, con métodos heredados: descargas eléctricas (“picana”), asfixia plástica (“bolsa”), golpizas y aislamiento en “calabozos negros”. Mujeres enfrentan violencia sexual: desnudez forzada, “picos de gallo” (suspensión dolorosa) y abortos coercitivos en centros como La Yaguara. Hombres reportan “rusas” –golpes en plantas de pies– y amenazas a familiares.
La misión documenta 80 casos de malos tratos post-2025, incluyendo “tortura blanca” vía privación de sueño y alimentación. Médicos forenses exiliados confirman secuelas: fracturas no tratadas, infecciones crónicas y traumas psicológicos. Este patrón, calificado como crimen de lesa humanidad, persiste pese a promesas de amnistía.
Datos y estadísticas
Cifras cuantifican la gravedad.
Estos datos, validados por la misión, muestran persistencia pese a cambios políticos.
Críticas al gobierno interino
La misión cuestiona la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea: ignora responsabilidad estatal, excluye reparaciones a víctimas y blinda a funcionarios medios. Delcy Rodríguez prometió 626 liberaciones, pero ONGs como Foro Penal verifican solo 300, con re-detenciones selectivas. La operación de EE.UU. contra Maduro se critica por eludir extradición formal, pero no absuelve al interinato de continuidad represiva.
Expertos urgen disolver SEBIN y DGCIM, reformar el Ministerio Público y crear fiscalías independientes. Sin esto, elecciones 2027 serán “farsa”, advierten.
Reacciones internacionales
EE.UU., bajo Trump, minimiza el informe para priorizar petróleo, pero Rubio exige listas de presos. OEA invoca Carta Democrática; Chile y Argentina, con Machado, convocan cumbres. HRW y Amnistía Internacional respaldan hallazgos, documentando pobreza multidimensional en 80% de hogares. Rusia y Cuba defienden soberanía; China observa inversiones.
Diáspora venezolana, 8 millones, organiza vigilias globales, amplificando presión.
Recomendaciones de la misión
Diez medidas concretas: desmantelar aparato represivo, liberar presos sin condiciones, investigar torturas con peritos ONU, ratificar Estatuto de Roma, capacitar fuerzas seguridad en derechos humanos, reparar víctimas vía fondos petroleros, auditar prisiones y prohibir fueros militares en civiles. La misión pide extensiones de mandato hasta 2028 para monitoreo electoral.
Conclusión
El informe ONU de marzo 2026 expone la fragilidad de la transición venezolana: represión y presos políticos persisten bajo el interinato, traicionando esperanzas de cambio. Mientras reformas petroleras y salariales prometen prosperidad, derechos humanos son lastre ineludible. Desmantelar la maquinaria represiva no es opción, sino condición para legitimidad. Venezuela, en la encrucijada, debe elegir: accountability o colapso moral renovado.
