La designación de Larry Daniel Devoe como fiscal general interino de Venezuela en febrero de 2026 representa un capítulo crucial en la transición política del país bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez. Tras la renuncia de Tarek William Saab, quien ocupó el cargo durante casi una década, este nombramiento ha desatado un intenso debate sobre la independencia judicial y la meritocracia en las instituciones. En un contexto de amnistías selectivas y presiones internacionales, la figura del nuevo fiscal pone en el centro la tensión entre lealtad política y profesionalismo imparcial.
Antecedentes de la vacancia institucional
Tarek William Saab asumió la Fiscalía General en 2017 tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, en medio de una crisis institucional que polarizó al Ministerio Público. Su gestión se caracterizó por la persecución de casos políticos, con miles de investigaciones contra opositores, mientras que denuncias de corrupción en entes públicos avanzaban lentamente. Saab renunció el 24 de febrero de 2026, junto al Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, facilitando un proceso de rotación que el oficialismo presenta como renovación.
Esta dimisión coincidió con la promulgación de la Ley de Amnistía, que libera a presos políticos de hechos específicos entre 1999 y 2025, pero excluye crímenes graves imputados a altos funcionarios. La Asamblea Nacional, controlada por el PSUV, formó un comité ad hoc para postulaciones, recibiendo más de 130 candidaturas. Saab transitó inmediatamente al Defensor del Pueblo interino, lo que críticos llaman “musical de sillas” más que cambio estructural.
Perfil profesional de Larry Daniel Devoe
Larry Devoe, juramentado el 25 de febrero, es un abogado con especialización en derechos humanos y trayectoria en comisiones gubernamentales recientes. Cercano a Delcy Rodríguez, participó en la redacción de la Ley de Amnistía y en la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz, creada en enero de 2026 para promover diálogos nacionales. Su experiencia incluye roles en entes judiciales menores, donde defendió políticas chavistas en foros internacionales.
Devoe juró compromiso con la Constitución y prometió un “sistema de justicia de altura”, dejando atrás discriminaciones históricas. En sus primeras semanas, priorizó auditorías en PDVSA, sector que genera el 90% de divisas, y revisiones de casos amnistiados. Sin embargo, su alineación con el oficialismo genera dudas sobre su capacidad para investigar violaciones sistemáticas documentadas por la ONU.
Mecanismo constitucional de selección
La Constitución venezolana, en su artículo 279, establece que la Asamblea Nacional elige al fiscal por mayoría calificada tras postulación de un comité mixto. Este incluye representantes del Parlamento, Poder Judicial, Ciudadanía y Fiscalía. Para 2026, el proceso se aceleró: el comité evaluó 73 postulantes para fiscalía, priorizando lealtad y afinidad ideológica sobre méritos estrictos.
ONG como Justicia y Paz y Cepaz denuncian opacidad: ausencia de listas públicas de candidatos, audiencias cerradas y falta de escrutinio ciudadano. Más de 130 aspirantes, incluyendo independientes como Magaly Vásquez de la UCAB, fueron marginados. Vásquez, con tres décadas en derecho penal, reclamó transparencia y postuló respaldada por su universidad, enfatizando reinstitucionalización.
Factores políticos detrás de la designación
La elección de Devoe responde a estrategias del chavismo en transición. Primero, consolida control sobre el Ministerio Público ante presiones por independencia de la CPI y ONU. Segundo, alinea con la narrativa de “paz y reconciliación” post-Maduro, usando amnistías para liberar selectivamente sin tocar núcleo duro. Tercero, proyecta estabilidad a inversionistas petroleros como Chevron, que opera bajo licencias condicionales.
Cuarto, el timing precede elecciones parlamentarias, evitando fisuras internas. Bajo Rodríguez, el PSUV busca despolitizar la justicia para atraer alivio de sanciones estadounidenses. Estadísticas muestran que durante Saab, el 90% de condenas fueron en casos políticos, con solo 15% en corrupción de funcionarios altos.
Críticas por falta de meritocracia
El debate central gira en torno a la meritocracia. Organizaciones civiles argumentan que Venezuela ha abandonado exámenes públicos pre-1999 por designaciones políticas. Un informe de Transparencia Venezuela revela que el 85% de cargos judiciales desde 2015 responden a lealtad, no currículos. Devoe, pese a competencias, carece de independencia probada para casos de lesa humanidad.
Magaly Vásquez reivindicó su hoja de vida: docencia en UCAB, membresía en academias penales y compromiso ético. Su postulación simboliza demanda de perfiles técnicos. ONG exigen reglas claras: publicación de CV, debates públicos y veto a sancionados. Sin esto, la Fiscalía perpetúa persecución selectiva.
Posturas de la sociedad civil y oposición
La oposición fragmentada ve en Devoe continuidad represiva. Exiliados cuestionan si investigará torturas y ejecuciones extrajudiciales bajo Saab. Provea y Foro Penal documentan 20,000 detenciones políticas; amnistía cubre solo 13 hechos. Encuestas informales indican 70% de venezolanos desconfía de la justicia.
Sociedad civil, vía UCAB y ONG, demanda participación: foros ciudadanos y observación internacional. Reivindican que meritocracia restauraría fe, atrayendo inversión extranjera que requiere predictability judicial.
Implicaciones para derechos humanos
Devoe hereda 50,000 casos pendientes, incluyendo denuncias ONU por crímenes sistemáticos. Promete revisiones imparciales, pero críticos temen sesgo: amnistía favorece chavistas mientras opositores enfrentan procesos. Un fiscal meritocrático abriría verdad, reparación y no repetición, clave para convivencia.
Conexión con economía y sanciones
En 2026, con producción petrolera en 900,000 barriles diarios, la Fiscalía audita sobornos PDVSA por miles de millones. Credibilidad atrae Repsol y Exxon; sin meritocracia, empresas hesitan. Alivio parcial de sanciones depende de independencia judicial.
Candidatos alternos y proceso futuro
Más de 60 postulantes independientes compiten para cargo permanente en mayo. Figuras como Vásquez proponen reformas: digitalización casos, protección testigos y presupuesto autónomo. Arítmetica parlamentaria favorece oficialistas, pero presión externa podría inclinar balanza.
Retos inmediatos para Devoe
Backlog judicial satura sistema; Devoe debe priorizar corrupción sin tocar aliados. Presión por elecciones transparentes exige fiscalía neutral. Fallar confirmaría politización; triunfar, legitimaría transición.
Perspectiva internacional
EE.UU. y UE monitorean: fiscal independiente facilita diálogos. OEA urge estándares meritocráticos. Colombia y Brasil presionan por justicia migratoria. CPI observa si Venezuela investiga propios crímenes.
Hacia una Fiscalía renovada
Designación de Devoe estabiliza, pero permanencia definirá si Venezuela abraza meritocracia. Transparencia y competencias son clave para legitimidad institucional. En país fracturado, justicia imparcial cataliza reconciliación; lo contrario, profundiza desconfianza.
Este proceso encapsula dilema chavista: equilibrar control con credibilidad global. Solo selección basada en mérito pavimentará era post-conflicto, uniendo nación en estado de derecho.
