La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó un acuerdo unánime para repudiar lo que califica como el “expolio” de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos, y exhortó al Ejecutivo Nacional a iniciar el proceso de retiro de nacionalidad venezolana a cinco destacados opositores. Esta medida surge tras la autorización judicial en EE.UU. para la venta forzosa de la petrolera, vista por el chavismo como un despojo ilegal de patrimonio nacional. La propuesta, impulsada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, apunta a figuras como Juan Guaidó, Carlos Vecchio y otros, acusados de ser los “principales cabecillas” del supuesto robo de la empresa.
Contexto del caso Citgo y la reciente subasta
Citgo, como subsidiaria clave de Petróleos de Venezuela (PDVSA), representa uno de los activos más valiosos del país en el exterior, con operaciones en refinerías y distribución de combustibles en la costa este de Estados Unidos. La disputa se remonta a demandas de acreedores contra Venezuela por deudas soberanas, exacerbadas por sanciones estadounidenses y la crisis política interna. Un juez federal en Delaware aprobó la semana pasada la subasta de acciones de Citgo para saldar reclamaciones que superan los diecinueve mil millones de dólares, lo que el gobierno venezolano denuncia como un “proceso fraudulento” manipulado por Washington.
El Parlamento argumenta que esta venta viola la soberanía venezolana y excluye deliberadamente al Estado de las negociaciones judiciales. En sesión extraordinaria, diputados oficialistas calificaron la acción como “colonialismo jurídico”, exigiendo la nulidad de cualquier decisión y el reconocimiento exclusivo de Venezuela como propietaria legítima. La vicepresidenta Delcy Rodríguez reforzó esta postura en un comunicado oficial, describiéndolo como un “vulgar y bárbaro despojo” orquestado mediante tráfico de influencias en tribunales estadounidenses.
Esta escalada coincide con tensiones renovadas tras las elecciones presidenciales de julio, donde Nicolás Maduro se mantiene en el poder pese a reclamos de fraude por la oposición. La pérdida potencial de Citgo agravaría la crisis económica venezolana, ya golpeada por hiperinflación, migración masiva y colapso petrolero, privando al Estado de ingresos estimados en miles de millones anuales.
Los opositores señalados y las acusaciones
Jorge Rodríguez nominó específicamente a cinco líderes opositores como responsables directos: Juan Guaidó, exautoproclamado presidente interino; Carlos Vecchio, su designado como embajador en EE.UU.; Dinorah Figuera, exdiputada y figura clave en la AN de 2015; José Ignacio Hernández, abogado internacional involucrado en litigios contra el chavismo; y Horacio Medina, también vinculado a gestiones legales. Según Rodríguez, estos individuos violaron el artículo 130 de la Constitución, que impone deberes como defender la soberanía, integridad territorial y autodeterminación nacional.
El argumento central es que, al respaldar o facilitar la subasta de Citgo desde posiciones en el “gobierno interino” reconocido por EE.UU. entre 2019 y 2023, negaron su condición de venezolanos. La propuesta invoca la Ley Orgánica Simón Bolívar para la Paz y la Ley de Extinción de Dominio, sugiriendo confiscación de bienes y persecución judicial contra al menos 351 responsables identificados, incluyendo exparlamentarios de la AN en desacato, pseudo-funcionarios y ONGs financiadas externamente.
| Opositor | Rol en el caso Citgo | Acusación principal |
|---|---|---|
| Juan Guaidó | Exlíder interino | Facilitó juicios en EE.UU. contra activos venezolanos |
| Carlos Vecchio | Exembajador en Washington | Coordinó con tribunales para subasta de acciones |
| Dinorah Figuera | Exdiputada AN-2015 | Apoyo a demandas de acreedores |
| José Ignacio Hernández | Abogado litigante | Representación legal en casos contra PDVSA |
| Horacio Medina | Asesor legal | Participación en estrategias de “expolio” |
Esta tabla resume las imputaciones, destacando cómo el chavismo los presenta como traidores al patrimonio nacional.
Base legal para el retiro de nacionalidad
La Constitución venezolana permite la denaturalización en casos de traición a la patria, conspiración contra la soberanía o actos que comprometan la independencia, según el artículo 32. La Ley Simón Bolívar, aprobada en 2021, amplía estas facultades contra “traidores”, permitiendo revocación administrativa por el Ejecutivo sin necesidad de juicio penal inmediato. Precedentes incluyen expulsiones simbólicas de opositores en el exilio durante la crisis de 2019.
Diputados como Iris Varela demandaron publicar bienes de los implicados para su confiscación inmediata, mientras Pedro Infante, primer vicepresidente de la AN, enfatizó investigaciones de la Comisión Especial sobre Citgo. El acuerdo aprobado por unanimidad insta a mecanismos nacionales e internacionales para reclamar la empresa y castigar a los responsables, aunque expertos dudan de su aplicabilidad extraterritorial dada la doble nacionalidad de varios señalados.
Críticos opositores ven esto como represalia política, recordando el caso de los “Citgo 6” –ejecutivos detenidos en 2017 por corrupción–, liberados en intercambios diplomáticos. La medida podría intensificar divisiones internas y complicar negociaciones con EE.UU. bajo la administración Trump.
Reacciones internacionales y oposición interna
El gobierno venezolano ya denunció el caso ante la ONU y foros multilaterales, exigiendo cese de “medidas coercitivas unilaterales”. Voceros chavistas insisten en que “se hará justicia” y que Citgo sigue siendo “patrimonio del pueblo venezolano”. Sin embargo, acreedores celebran la subasta como ejecución legítima de fallos contra deudas impagas por Caracas.
Desde el exilio, los nombrados rechazaron las acusaciones vía redes sociales, calificándolas de “desesperación” ante la pérdida inevitable de Citgo por mala gestión chavista. Organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre escalada represiva, similar a purgas previas contra disidentes. Analistas prediccen que el retiro de nacionalidad, aunque simbólico para quienes residen abroad, sirve para deslegitimar a la oposición y justificar congelamiento de pasaportes o extradiciones.
| Impacto potencial | Para opositores | Para el gobierno |
|---|---|---|
| Legal | Revocación de documentos venezolanos | Fortalecimiento narrativo antiimperialista |
| Político | Deslegitimación en diálogos internacionales | Consolidación de base chavista |
| Económico | Confiscación de bienes en Venezuela | Pérdida de ingresos petroleros clave |
Implicaciones para la crisis venezolana
Esta movida agrava la polarización en un país con siete millones de emigrantes, donde la diáspora opositora presiona desde afuera. La subasta de Citgo podría generar hasta veinte mil millones para acreedores, pero deja a PDVSA sin su joya de la corona, limitando recuperación económica pese a alivio parcial de sanciones. Maduro enfrenta dilemas: endurecer retórica interna arriesga aislamiento global, mientras ceder debilitaría su control.
Opositores llaman a unidad contra el “régimen”, argumentando que Citgo se perdió por corrupción y no por “traición”. Expertos en derecho internacional cuestionan validez de denaturalizaciones unilaterales bajo tratados como la Convención sobre Apátridas. Mientras, la AN avanza con activación de leyes para “castigar responsables”, prometiendo sesiones futuras sobre 351 nombres en lista.
El episodio subraya la fractura profunda: para el chavismo, defensa patriótica; para críticos, maniobra distractora ante fracasos petroleros. Con elecciones regionales en 2026, estas tensiones definirán el tablero político, donde Citgo emerge no solo como activo económico, sino símbolo de soberanía disputada.
Chiara Marigliano es redactora especializada en análisis de tendencias, actualidad internacional y contenido de interés público. Con un estilo claro y preciso, combina investigación confiable con una narrativa accesible para ofrecer información útil y oportuna. Su enfoque se centra en explicar temas complejos de manera sencilla, manteniendo siempre el rigor y la objetividad periodística.